El calendario del CEP: un plazo que podría abrir una nueva etapa de inestabilidad política
Por Lauture Jacques
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El Gobierno haitiano, encabezado por el primer ministro Alix Didier Fils-Aimé, conduce actualmente la transición bajo el amparo del Pacto Nacional para la Estabilidad y la Organización de las Elecciones. Su misión fundamental consiste en crear las condiciones necesarias para celebrar elecciones inclusivas, creíbles y democráticas, a fin de devolver al pueblo el ejercicio de su soberanía tras más de una década sin consultas electorales. Semejante responsabilidad exige una gobernanza basada en la concertación interinstitucional y en la coherencia de la acción pública.
Si bien el Consejo Electoral Provisional (CEP) goza de una independencia consagrada por la Constitución, esta autonomía no puede asimilarse a una falta de coordinación con el Ejecutivo. En un sistema democrático, la organización de las elecciones es una carga nacional compartida. Implica una articulación permanente entre el Gobierno, el CEP y los socios internacionales. Tanto en las relaciones internacionales como en la gobernanza pública, la legitimidad de un proceso descansa tanto en la calidad del diálogo institucional como en el respeto de las competencias de cada uno.
Ahora bien, hay que constatar que esta indispensable sinergia hoy brilla por su ausencia. Las divergencias surgidas entre el Gobierno y el Consejo Electoral Provisional debilitan la conducción de la transición y alimentan un clima de incertidumbre. Precisamente por esa razón siempre he abogado por una reestructuración del CEP, no para cuestionar su independencia, sino para restablecer la confianza, reforzar la credibilidad de la institución y favorecer una mejor coordinación estratégica con el Gobierno.
En este contexto, la reciente publicación del calendario electoral plantea serios interrogantes. La fecha del 13 de diciembre de 2026 parece, en esta fase, particularmente ambiciosa a la vista de las limitaciones de seguridad, logísticas e institucionales que persisten. A mi juicio, este calendario corre el riesgo de ser menos un instrumento de planificación que una verdadera espada de Damocles suspendida sobre la transición.
Estas preocupaciones no son aisladas. Durante una intervención en Gazette Haïti News, el presidente de la Red Nacional de Defensa de los Derechos Humanos (RNDDH), Pierre Espérance, también consideró irrealista la celebración de la primera vuelta el 13 de diciembre de 2026, y sugirió que una fecha fijada en abril de 2027 sería más compatible con las realidades sobre el terreno. Se comparta o no esta valoración, demuestra la existencia de un debate legítimo sobre la viabilidad del calendario publicado.
Nadie puede negar los avances logrados en la lucha contra los grupos armados. Sin embargo, estos progresos siguen siendo insuficientes para garantizar un entorno plenamente propicio para la organización de los comicios. Así lo recordó el representante especial del secretario general de las Naciones Unidas y jefe de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití (BINUH), Carlos Ruiz Massieu, quien recientemente abogó por prorrogar el mandato de la Fuerza de Represión de Pandillas (FRG), reconociendo implícitamente que los desafíos de seguridad siguen siendo considerables y que los esfuerzos emprendidos deben consolidarse antes de que culmine el proceso electoral.
La verdadera inquietud reside, por tanto, en otra parte. Si, por cualquier motivo, no pudiera respetarse la fecha del 13 de diciembre, el riesgo sería grande de ver a una parte de la clase política instrumentalizar esta situación para cuestionar la legitimidad de la transición y abrir una nueva etapa de inestabilidad política. Un calendario electoral no vale por su ambición, sino por su capacidad de ejecutarse respetando las realidades nacionales. Al privilegiar un calendario cuya viabilidad está hoy ampliamente discutida, el CEP corre el riesgo de sustituir la lógica de la concertación por la lógica del hecho consumado, con las consecuencias que ello podría acarrear para la estabilidad político-institucional.
Como recordaba Kofi Annan, ex secretario general de las Naciones Unidas: «No hay desarrollo sin seguridad, no hay seguridad sin desarrollo, y ninguno de los dos es posible sin el respeto de los derechos humanos» (traducido del francés). Esta reflexión conserva toda su pertinencia para Haití. Ninguna transición puede producir instituciones legítimas si no se apoya en un entorno suficientemente seguro, en una gobernanza concertada y en una confianza recíproca entre los principales actores institucionales.
Una coordinación más estrecha entre el Gobierno y el Consejo Electoral Provisional probablemente habría permitido elaborar un calendario más realista, basado en una evaluación objetiva de las capacidades operativas del Estado y en una mejor gestión preventiva de los riesgos. El tiempo no es enemigo de la democracia; a menudo es su mejor aliado cuando se pone al servicio de la preparación, la transparencia y el consenso.
Tras más de diez años sin elecciones, Haití no puede permitirse una nueva crisis. Nuestro país no necesita elecciones precipitadas; necesita unos comicios incontestables, aceptados por los principales actores políticos y reconocidos tanto por la comunidad nacional como por la internacional.
El verdadero desafío no es respetar una fecha a toda costa, sino crear las condiciones para una alternancia democrática duradera. Solo con esta condición esta transición dará paso por fin a autoridades legítimamente elegidas y nuestro país recuperará la estabilidad política a la que aspira su pueblo.
Traducido del original en francés por la redacción de Hebdo24.
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