Masacre en Kenscoff: varios muertos y el fracaso de Vladimir Paraison y Erik Prince
Por Jenny Toussaint
Este artículo también está disponible en English, Français y Kreyòl ayisyen

Un nuevo drama sangriento ha vuelto a poner al descubierto la incapacidad de las autoridades haitianas para garantizar la seguridad de la población. En la noche del domingo 23 de agosto de 2026, hombres fuertemente armados lanzaron un ataque contra varios sectores del centro de Kenscoff, municipio montañoso al sureste de Puerto Príncipe, causando varios muertos e incendiando viviendas y lugares de culto. Según el alcalde de Kenscoff, Jean Massillon, varios habitantes murieron durante esta ofensiva. Una iglesia que servía de refugio a personas desplazadas fue blanco del ataque e incendiada después de que sus ocupantes fueran masacrados. Entre las víctimas habría niños.
La violencia se extendió también a las inmediaciones de la comisaría de policía de Kenscoff, una situación que plantea graves interrogantes sobre la capacidad de las fuerzas de seguridad para proteger incluso las zonas que supuestamente cuentan con una presencia policial reforzada. Entre las propiedades incendiadas figura la del doctor William Pape, fundador de los centros GHESKIO. El alcalde informa de que el guardián de la propiedad fue asesinado y de que también mataron a varios animales, entre ellos un perro y caballos. «En casa del doctor Pape asesinaron al guardián, mataron al perro y a los caballos» (traducido del francés), lamentó Jean Massillon, quien pidió a las autoridades que lleven a cabo verdaderas operaciones contra los grupos armados que aterrorizan el municipio.
Esta nueva masacre reaviva sobre todo el debate sobre la dirección de la Policía Nacional de Haití (PNH). Al frente de la institución, Vladimir Paraison se enfrenta ahora a una serie de preguntas a las que las autoridades deben responder. Pese a los medios humanos, materiales y financieros movilizados en nombre de la lucha contra la inseguridad, los grupos armados siguen extendiendo su dominio y golpeando a la población civil con una facilidad desconcertante. Kenscoff es una nueva ilustración de ello. El ataque, perpetrado en una zona estratégica del área metropolitana, demuestra que la PNH todavía tiene dificultades para anticipar las ofensivas de los grupos armados, proteger a las poblaciones vulnerables y recuperar de forma duradera el control de los territorios. La eficacia del mando de Vladimir Paraison está, por tanto, cada vez más cuestionada. Una dirección policial no puede evaluarse únicamente a través de comunicados, operaciones puntuales o anuncios. También debe juzgarse por su capacidad para impedir las masacres, proteger a los civiles y restaurar la autoridad del Estado. El drama de Kenscoff constituye, en este sentido, un serio revés.
La otra gran pregunta se refiere al papel de Erik Prince y al uso de los recursos comprometidos por el Gobierno haitiano en el marco de su estrategia de seguridad. El Gobierno ha destinado importantes sumas de dinero a esta iniciativa, alimentando la esperanza de una mejora sustancial de la situación de seguridad. Sin embargo, sobre el terreno, la población sigue sufriendo masacres, desplazamientos forzados, incendios y ataques armados. Esta situación plantea una pregunta sencilla: ¿qué resultados concretos se han obtenido a cambio de las considerables sumas movilizadas por el Estado?
Si efectivamente se han desembolsado importantes fondos públicos para reforzar la lucha contra los grupos armados, las autoridades deben rendir cuentas sobre su uso y sobre los resultados obtenidos. No basta con inyectar dinero en una estrategia de seguridad: además, esa inversión debe producir resultados medibles para la población. En Kenscoff, como en otras zonas del país, esos resultados siguen siendo difíciles de percibir.
La masacre de Kenscoff no es solo un nuevo episodio de violencia. Es también el síntoma de una profunda crisis del Estado haitiano.
Hay ciudadanos asesinados en sus casas, personas desplazadas atacadas en un lugar que debía servirles de refugio y propiedades incendiadas cerca de una comisaría. Una situación así refleja un preocupante colapso de los mecanismos de protección de la población.
Ante esta realidad, las autoridades ya no pueden limitarse a denunciar la violencia después de cada masacre. Deben explicar por qué la inteligencia no permitió anticipar el ataque, por qué las fuerzas de seguridad no pudieron proteger a los habitantes y qué medidas concretas se tomarán para impedir que se repita un drama así. Y tanto para la PNH como para los responsables de la estrategia de seguridad financiada por el Estado, la masacre del 23 de agosto constituye una prueba de credibilidad de primer orden.
Traducido del original en francés por la redacción de Hebdo24.
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