El 2 de mayo, Estados Unidos clasificó a las bandas haitianas Viv Ansanm y Gran Grif como «organizaciones terroristas extranjeras», una medida presentada como el fin de la impunidad. Sin embargo, esta decisión corre el riesgo de agravar la crisis humanitaria, social y migratoria en Haití.
Al criminalizar a estos grupos, los programas de desmovilización, sobre todo para los reclutas menores de edad, se vuelven complejos. El diálogo entre los actores humanitarios y las bandas, crucial para la prestación de ayuda y el alto el fuego, se ha visto comprometido.
También se podría acusar a las ONG de «apoyar el terrorismo» por operar en zonas gangrenadas (60% de Puerto Príncipe). La estigmatización de los migrantes haitianos en Estados Unidos podría intensificarse, con deportaciones aceleradas por meras sospechas.
Este enfoque represivo ignora la realidad local: estas bandas, arraigadas en dinámicas de poder y vinculadas a las élites, no son células transnacionales. Las sanciones extraterritoriales corren el riesgo de alimentar la violencia.
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La comunidad internacional debe dar prioridad a las soluciones integradoras: creación de instituciones, justicia transicional e inversión socioeconómica. De lo contrario, esta designación no será más que una cortina de humo, que exacerbará el caos que dice combatir.
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