En junio de 2025, la República Dominicana detuvo a 15,557 haitianos, continuando su política de deportaciones masivas (180,000 personas en 2024).
Este enfoque, denunciado como discriminatorio e ilegal por las ONG, es justificado por Santo Domingo en nombre de la soberanía nacional.
El silencio ensordecedor de la diplomacia haitiana frente a estas violaciones constituye una abdicación flagrante de responsabilidad.
Tres razones lo explican: la impotencia institucional de un Estado en decadencia; la dependencia económica de su vecino, fuente de una parálisis estratégica; el abandono cínico de los migrantes más pobres por parte de unas élites desconectadas.
Este mutismo equivale a una complicidad en las violaciones de los derechos humanos y la humillación sufrida por miles de ciudadanos haitianos.
Proteger a sus nacionales es un deber elemental de todo Estado. Puerto Príncipe debe romper este silencio fúnebre para exigir el respeto del derecho internacional.
El silencio de la diplomacia haitiana es una traición al pueblo haitiano.
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