Por decreto de 16 de abril de 2025, Haití creó dos Divisiones Judiciales Especializadas para modernizar su sistema judicial, centrándose en delitos financieros complejos (corrupción, blanqueo de dinero, malversación) y delitos masivos (masacres, violencia sexual, crímenes contra la humanidad).
Con sede en Puerto Príncipe y posibilidad de traslado seguro, estos centros reúnen a jueces especializados y salas de apelación especializadas.
Los magistrados, seleccionados por su integridad y experiencia por el CSPJ, no pueden ocupar cargos concurrentes.
Siguen existiendo retos: la ampliación nacional de su jurisdicción, la protección de los jueces frente a las bandas, la modernización del código penal que data de 1979 y los controles anticorrupción de los magistrados.
En un contexto en el que el 80% de los casos relacionados con bandas quedan impunes y las instituciones judiciales sufren ataques con regularidad (por ejemplo, el robo de pruebas en el asesinato de Me Dorval en 2020), esta reforma representa una esperanza, según el CARDH.
El gobierno promete financiación y cooperación internacional, pero su éxito dependerá de los recursos y de la voluntad política de sortear las inmunidades que protegen a los poderosos.
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