Agua contaminada y combustible dudoso: se confirma la irresponsabilidad de James Monazard
Por Jenny Toussaint
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El Ministerio de Comercio e Industria (MCI) vuelve a estar en el centro de las críticas por la protección de los consumidores haitianos. Después de haber revelado él mismo, el pasado mes de enero, la magnitud de los problemas que afectan a la calidad del agua vendida a la población, el ministerio dirigido por James Monazard es ahora cuestionado por la calidad de algunos productos petroleros comercializados en el mercado nacional.
El contraste es llamativo. En enero de 2026, un estudio realizado por la Dirección de Control de Calidad y Protección del Consumidor (DCQPC, por sus siglas en francés) reveló que más del 92 % de las aguas tratadas y envasadas analizadas en el área metropolitana de Puerto Príncipe no cumplían las normas vigentes. El MCI había señalado en particular problemas de conformidad, registro y etiquetado. Más grave aún, según las declaraciones atribuidas a James Monazard, se detectaron bacterias en el 86 % de las muestras analizadas, algunas de ellas con riesgo para la salud, en particular por contaminación de origen fecal.
Ante esta situación, el ministro anunció el refuerzo de los controles y la puesta en marcha de un plan de acción interinstitucional. En febrero, el Gobierno indicó además que un taller de concertación, con la participación del MCI, el Ministerio de Salud Pública, el Ministerio de Medio Ambiente y la DINEPA, la Dirección Nacional de Agua Potable y Saneamiento, debía permitir definir medidas comunes.
Pero unos meses más tarde, una nueva polémica vuelve a poner en primer plano la cuestión del control de los productos de consumo. Esta vez, son los combustibles los que están en entredicho. Quejas que denuncian daños causados a vehículos llevaron al MCI a anunciar, el 15 de septiembre de 2026, verificaciones sobre la calidad de algunos productos petroleros. No obstante, el ministerio pide no sacar conclusiones definitivas antes de que se realicen los análisis técnicos y científicos necesarios.
Dicho de otro modo, en esta fase sería prematuro afirmar que el combustible en cuestión está efectivamente adulterado o no es conforme. Pero esta prudencia científica no debería impedir una pregunta política y administrativa: ¿cómo pueden llegar al mercado productos que pueden representar un riesgo para los consumidores antes de que se haya establecido claramente su conformidad?
El problema es aún más delicado porque el propio MCI reconoce la importancia de la trazabilidad. Según la información difundida en su aviso, los controles deben permitir determinar, en particular, el origen del combustible, su importador, las condiciones de almacenamiento y distribución, así como los establecimientos a los que se entregaron los productos.
Traducido del original en francés por la redacción de Hebdo24.
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