El informe de investigación de la Dirección Central de la Policía Judicial (Dcpj) no reveló el nombre de un poderoso empresario vinculado a bandas armadas de Haití, lo que suscita dudas sobre la integridad de la institución.
Magalie Habitant, ex directora del Service métropolitain de collecte des résidus solides, actuó como intermediaria entre este empresario y los jefes de la banda, facilitando las negociaciones en un clima de impunidad.
El informe pide que Habitant y otros cómplices sean procesados por diversos delitos, pero la ausencia del nombre de este empresario suscita dudas sobre la independencia de la institución.
Grupos de derechos humanos como Fondasyon je klere (Fjkl) apoyan la acusación, subrayando la necesidad de una justicia imparcial.
El informe pone de relieve las inquietantes conexiones entre la élite económica y la delincuencia organizada en Haití.
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