La República Dominicana deportó recientemente a Haití a 135 mujeres embarazadas, madres y niños, en el marco de una ofensiva contra la inmigración ilegal.
Esta medida forma parte de una nueva política que obliga a los hospitales públicos a comprobar la identidad de los pacientes, lo que suscita preocupación por el acceso de las poblaciones vulnerables a la atención médica.
Las autoridades afirman que los deportados fueron tratados con dignidad y enviados a casa tras recibir tratamiento médico.
Sin embargo, grupos de derechos humanos, como Amnistía Internacional, advierten de que las consecuencias de esta política podrían disuadir a las personas necesitadas de acudir al hospital por miedo a ser deportadas.
En los últimos seis meses, más de 180.000 personas han sido devueltas a Haití, un país asolado por la violencia de las bandas y una creciente crisis humanitaria.
Funcionarios de la ONU advierten de que la situación en Haití está llegando a un punto de no retorno.
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