Entre enero y abril de 2024, la República Dominicana expulsó a casi 30.000 haitianos, calificados de «migrantes irregulares», lo que suscita gran preocupación por el riesgo de crisis humanitaria y cuestiona la eficacia de la diplomacia haitiana.
El ministro del Interior dominicano, Jesús Vásquez Martínez, defendió las expulsiones, refiriéndose a operaciones conjuntas entre las fuerzas militares y policiales para «reforzar la seguridad nacional».
Sin embargo, estas acciones suscitan serias dudas sobre el respeto de los derechos humanos fundamentales, sobre todo a la vista de los testimonios condenatorios.
Los deportados describen detenciones arbitrarias, confiscación de bienes y violencia física, contradiciendo los principios de los acuerdos bilaterales de 1999, que teóricamente proporcionan un marco para una repatriación digna y ordenada.
Sin embargo, ante estas reiteradas violaciones, el gobierno haitiano guarda un extraño silencio, sin una condena firme ni una estrategia diplomática visible.
Esta pasividad aumenta la vulnerabilidad de los ciudadanos haitianos y debilita las ya tensas relaciones entre ambos países.
Se necesita una respuesta urgente: Puerto Príncipe debe exigir un diálogo transparente con Santo Domingo para abordar las causas estructurales de la migración, como la inestabilidad política y la inseguridad económica de Haití.
Al mismo tiempo, las medidas concretas para mejorar las condiciones de vida locales son esenciales para reducir el éxodo forzoso de la población.
La comunidad internacional, en particular la ONU y la CELAC, deben desempeñar un papel mediador para garantizar el respeto de los derechos de los migrantes y evitar una escalada de tensiones.
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