El viernes, la Corte Suprema de Estados Unidos autorizó al presidente Donald Trump a revocar temporalmente el estatus legal de más de 500,000 inmigrantes, según documentos judiciales.
La administración Trump había puesto fin en marzo a un programa especial instaurado por el expresidente Joe Biden, que permitía a ciudadanos de Venezuela, Cuba, Nicaragua y Haití residir legalmente en EE.UU. por dos años debido a crisis de derechos humanos en sus países.
No obstante, una jueza federal en Boston suspendió la medida el 14 de abril, señalando que el gobierno interpretó mal la ley al aplicar procedimientos de deportación acelerada a personas amparadas por programas oficiales.
La Corte Suprema, de mayoría conservadora, emitió una decisión temporal mientras una corte de apelaciones revisa el fondo del caso. Las juezas progresistas Ketanji Brown Jackson y Sonia Sotomayor disintieron, advirtiendo sobre las “consecuencias devastadoras” para medio millón de personas mientras sus casos legales aún están pendientes.
El 19 de mayo, la Corte también permitió eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) que protegía a unos 350,000 venezolanos de la deportación.
Donald Trump ha hecho de la lucha contra la inmigración irregular una de sus prioridades principales, hablando de una “invasión” de criminales extranjeros y promoviendo una agenda de deportaciones masivas, aunque ha sido frenado por decisiones judiciales.
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