El Estado utiliza a la policía contra sus propios ciudadanos en lugar de enfrentarse a las bandas que aterrorizan al país.
Las recientes operaciones, lejos de tener como objetivo liberar a los barrios de las garras de los bandidos, se están desplegando para reprimir manifestaciones pacíficas que reclaman el derecho a la seguridad, un derecho garantizado por la Constitución.
El Estado está ausente ante la violencia de las bandas, lo que demuestra que la verdadera guerra no es contra estos criminales, sino contra el propio pueblo haitiano.
Este «presupuesto de guerra» anunciado por las autoridades parece destinado más a acallar las voces de socorro que a proteger a los ciudadanos.
El pueblo necesita un Estado protector.
La seguridad es un derecho inalienable que, mientras se ignore, alimentará la ira legítima del pueblo.
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