Agua contaminada: tras la confesión de James Monazard, es hora de pasar a los hechos
Por Jenny Toussaint
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La declaración del ministro de Comercio, James Monazard, que reconoce que más del 92 % del agua consumida en la región metropolitana de Puerto Príncipe no sería conforme, tiene el mérito de la claridad.
Confesión poco común en un entorno institucional a menudo marcado por la opacidad, pone de relieve una realidad sanitaria preocupante y ampliamente subestimada.
Pero la transparencia no basta. Solo tiene valor si desemboca en acciones concretas, rápidas y medibles.
Ahora bien, ante una situación tan grave, el Estado haitiano se mantiene por ahora en una lógica declarativa, multiplicando los anuncios de controles reforzados sin calendario preciso ni mecanismo de evaluación pública.
«La transparencia institucional solo vale cuando se traduce en decisiones visibles y medibles».
El problema va mucho más allá de un simple mal funcionamiento del mercado del agua. Se trata de una falla estructural de regulación, en la que la ausencia de un control efectivo ha permitido la proliferación de productos potencialmente peligrosos para la salud pública.
La responsabilidad del sector privado es innegable, pero no puede ocultar la del Estado, garante de la seguridad sanitaria.
Una respuesta creíble implica medidas inmediatas: publicación regular de los análisis, cierre de las unidades no conformes, sanciones efectivas y una estrecha coordinación con el Ministerio de Salud Pública.
Sin estas acciones, los compromisos actuales corren el riesgo de sumarse a la larga lista de reformas anunciadas pero nunca aplicadas.
En un contexto en el que la calidad del agua afecta directamente a la supervivencia cotidiana, la inacción ya no es una opción administrativa, sino un riesgo colectivo mayor.
Traducido del original en francés por la redacción de Hebdo24.
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